Comenzamos la semana del 5 de julio conociendo la noticia del acuerdo de “Plan de Choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas” firmado por los sindicatos mayoritarios UGT, CC.OO. y CSIF, y el Ministro de Política Territorial y Función Pública. Acuerdo en el que, con la finalidad de reforzar el carácter temporal del personal funcionario interino, se limita la indemnización por cese efectivo a 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidad y se condiciona dicho pago a la participación en el proceso selectivo de concurso-oposición. Sin este acuerdo, las y los trabajadores interinos podrían haber recurrido su despido como improcedente percibiendo una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades.
Las consecuencias de “El constante y sostenido aumento de la tasa de empleo temporal” que describe el “Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público”, se pretende que recaigan sobre los bolsillos de los y las que han estado sufriendo precisamente las políticas de recortes de unos (léase PP y socios) y otros (léase PSOE y socios) en forma de tasas de reposición, letargos inexplicables en las convocatorias de empleo público, etc.
Gracias a un acuerdo con las cúpulas de los sindicatos mayoritarios y los representantes del gobierno “de progreso”, de la noche a la mañana, las y los trabajadores interinos ven limitado su derecho a la indemnización tras décadas de trabajo “interino” en las Administraciones Públicas.
La Administración del Estado está actuando como la gran patronal que es de todos los y las trabajadoras del sector público, y pretende reducir la tasa de temporalidad estructural de casi el 30% al 8% a base de rebajas en las posibles indemnizaciones a los y las compañeras que cesan, con el apoyo de las cúpulas sindicales de los sindicatos mayoritarios. Dudamos mucho que se haya pasado previamente lo acordado a debate en las correspondientes bases sindicales.
Una vez más vemos cómo las políticas de recortes se apoyan desde las organizaciones sociales en base a un pacto social que no hace más que perjudicar los intereses de la clase trabajadora. Basta ya de negociaciones a espaldas de la clase obrera!!. El papel que están jugando los sindicatos mayoritarios en las situaciones de crisis estructural se evidencia, una vez más, como fundamental para el sostenimiento de políticas anti-obreras del Estado Español, para el que la clase trabajadora somos una mera herramienta a la que explotar. Se evidencia la derrota del sindicalismo de poltrona, que no mantiene la lucha por la defensa de los derechos laborales, y que únicamente busca su propia perpetuación en las mesas de negociación a espaldas de los intereses de la clase trabajadora.
Desde CSO vamos a intentar tumbar este Real Decreto con todo lo que podamos, porque supone una aberración legislativa, querer solucionar un error de los sucesivos gobiernos sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras que han mantenido el sistema a flote. Lo haremos con todas las herramientas que tenemos, con un recurso de inconstitucionalidad del mismo y con la confrontación en la calle.
Por un sindicalismo de clase de lucha y combativo
No al pacto social
Sobran explotador@s y no trabajador@s