Sobre la nueva reforma de las pensiones que nos quieren colar

No encontramos en un nuevo y sempiterno debate sobre la supuesta decadencia del sistema público de pensiones y las urgentes e imprescindibles reformas que permitan lograr su supervivencia.
El foco se centra en trasladar las culpas y responsabilidades a la clase obrera, que tenemos la indecente virtud de prolongar cada vez más nuestros años de vida. Poco se habla del empleo precario y mal retribuido, de los convenios colectivos que fijan salarios ínfimos, de la tardía incorporación de los jóvenes al empleo, del escape y evasión fiscal de los capitales, y un largo etcétera, que situándolos en el centro del debate y proponiendo mecanismos en esa dirección, harían posible el evitar retrasar la edad de jubilación o reducir la cuantía de la pensión.
Los llamados “agentes sociales y económicos” (sindicatos institucionalizados que ya no confrontan las políticas de ajustes y recortes, y empresarios que buscan reducir su aportación a las arcas del Estado), han vuelto a generar un nuevo acuerdo social.
Acuerdo que se va a presentar en dos actos diferentes: el que nos han trasladado hace pocos días, y que el gobierno ya ha dado por válido. Y un segundo acto, cuya entrega está prevista para antes de que acabe el año. Si el primero ha adoptado pequeños retoques en las jubilaciones anticipadas o en la prolongación voluntaria en el trabajo más allá de 65 o 67, el segundo de los capítulos es el preocupante, y en el que realmente se librará la batalla por la nueva edad legal de jubilación y con que cuantía contaremos cuando la alcancemos.
En cuanto a lo que hoy tenemos, los firmantes del acuerdo se congratulan por la eliminación del Factor de Sostenibilidad (aunque prevista su entrada para el año 2019, se fue postergando por acuerdos presupuestarios hasta su desaparición). El factor de sostenibilidad es un mecanismo de corrección a la baja que tiene en consideración las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años en un año en concreto y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Pero las bases de esta fórmula se encuentran en el acuerdo de pensiones del año 2011 que firmaron PSOE/CCOO-UGT y CEOE, por lo que congratularse de una fórmula que ellos mismos definieron, es todo un paradigma de la contradicción permanente en el que se desenvuelve el sindicalismo oficial.

Pero debemos de estar alertas porque este factor de sostenibilidad no desaparece. Los firmantes, cambiando su nombre por un indoloro factor de equidad intergeneracional, insisten en aplicar fórmulas aplicadas sobre la cuantía de la pensión, tal y como deslizó accidentalmente el ministro Escrivá.
En cuanto a la supuesta recuperación del IPC (inflación) como indicador de los incrementos de las pensiones, acudimos a un falseamiento histórico.
No se recupera el IPC histórico como defienden los firmantes. Lo que han firmado es un nuevo valor del IPC que anula cualquier incremento por la desviación de la inflación. La ley general de Seguridad Social mantuvo el incremento de las pensiones y su revalorización conforme el IPC previsto a inicio de cada ejercicio las desviaciones que pudieran producirse a final de año sobre las previsiones de la inflación, eran revisadas para abonarlas en una paga adicional y consolidada para el incremento del ejercicio siguiente. Esta mecánica actuó hasta que Zapatero decidió congelar las pensiones para el año 2011.
Lo suscrito es una nueva función de incremento de las pensiones se establece con el IPC MEDIO ANUAL abandonando el criterio histórico de incremento y revalorización entre el IPC previsto y el resultado del IPC a final de año. Ahora bien, ¿que nos indica el nuevo referente de actualización de la pensión con el promedio del IPC del año anterior? Su significado es simple: se desplazará al año siguiente la actualización del IPC, y que nos será inútil porque habrá transcurrido el año en el que nos fue necesario. De esta manera, se traslada a futuro el ganar al año siguiente, lo que he venido perdiendo el anterior, por lo que estaremos en una infinita persecución de un IPC. Nos darán el IPC medio de un año pasado a unas pensiones del año siguiente. Es un claro desajuste entre garantía de poder adquisitivo de las pensiones y la inflación.
Un hecho a resaltar.: la firma de la CEOE. El organismo empresarial ha conseguido en parte, una de sus históricas reivindicaciones, la reducción de las cuotas sociales que abonan los empresarios. El Gobierno reducirá las cuotas que pagan por contingencias comunes a los mayores de 62 años en situaciones de baja por enfermedad, y a los mayores de 65 años. Sí. Lo sabemos. De momento, de afectación minoritaria e insignificante. Pero ya lo tenemos entre nosotros. El tiempo nos dirá con que profesión de fe, la patronal exigirá nuevas mejoras en sus costosas cargas sociales.
Para ir finalizando esta primera exposición de motivos, de la cual deberemos profundizar, nos parece oportuno resaltar el entusiasmo con el que indican que han eliminado de la agenda de negociación, la intención de ampliar el período de cómputo a los últimos 35 años.
Una controversia quijotesca, porque si en el año 1996 se pactó la ampliación de los 8 a los 15 años y en el año 2011 se volvió a ampliar hasta los 25 años, firmado por ambos sindicatos CCOO-UGT, aduciendo la reducción en la pensión que esa medida alberga ¿Qué impedimento político, económico o social les impide ampliar de nuevo, lo que ya ampliaron anteriormente? ¿O es que ampliar a 25 años es bueno y positivo, pero a los 35 años es contraproducente?
En fin. Un primer contranálisis que deberá ser ampliado con la segunda entrega del ataque sufriremos antes de finalizar el año. En esa segunda parte, asistiremos a la parte más dura en el ataque de las pensiones, como serán la prolongación más allá de los 67 años para la jubilación y la ampliación del periodo de cotización. Seguramente en las fiestas navideñas, para que como ha ocurrido con este acuerdo, las vacaciones disimulen y desafecten la movilización.

Se puede leer un análisis más extenso en este archivo.

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