Desde CSO somos los primeros en reivindicar la importancia de que las aulas permanezcan abiertas a cualquier precio, porque entendemos el servicio que presta la educación pública en este país como un servicio fundamental, pero NO sin inversión. La Generalitat Valenciana, desde la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, no está tratando a su alumnado y a sus trabajadores y trabajadoras, no como desearíamos, sino ni tan siquiera como ellos mismos se han mandado a hacerlo.
Debido a la pandemia de la Covid-19, la Conselleria de Educación envió unas órdenes para la ventilación de los centros en octubre en las que se indicaba la necesidad de ventilar con ventilación cruzada las aulas para poder impartir las clases. Era evidente que las temperaturas invernales no iban a ser las de octubre y que esta solución no iba a ser viable manteniendo las condiciones de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales que desarrolla el RD 486/1997. Durante estas fechas frías no se están manteniendo las temperaturas por encima de 17ª, sino que en muchas aulas se está trabajando con 8, 9 y 10º, usando chaquetas, gorros y guantes, tanto el personal como el alumnado.
La Conselleria de Educación no ha previsto de forma general las formas de ventilación adecuadas para mantener la temperatura necesaria en las aulas a la vez que se mantenían las medidas de prevención de la Covid-19. La Conselleria no ha realizado ningún plan coordinado con los Comités de Seguridad y Salud laboral para la implantación de sistemas de ventilación/calefacción adecuados que mantuvieran a la vez la temperatura y la calidad del aire. Si ha comprado, de forma estética, para la foto, algunos filtros HEPA que ha distribuido sin ningún criterio (al menos conocido por las delegadas y delegados del personal), pero se han enviado sin instrucciones de colocación, funcionamiento ni formación y sin saber a quién sí y a quién no y por qué. Si el PP hubiera realizado estas actuaciones la respuesta sindical hubiera sido contundente: ¿por qué este silencio ahora?
La situación se agrava muchísimo más en la provincia de Alicante, porque el INVASSAT, que era el servicio de prevención de la Conselleria de Justicia, con unas 5.800 personas, fue nombrado servicio de prevención de la Conselleria de Educación (con más de 25.000 trabajadores/as) sin ningún aumento de plantilla. Es decir que, de facto, estamos sin servicio de prevención. Las y los compañeros del INVASSAT hacen lo que pueden, pero es un trabajo ingente para 3 técnicos/as a cargo de más de 30.000 personas con un equipo médico de menos de 10 personas. Imposible que este servicio de prevención pueda llegar a los más de 700 centros de la provincia de forma efectiva. Por ello hemos solicitado a la Inspección de Trabajo que actúe y que obligue a la Conselleria de Educación a cumplir el RD 486/1997 combinado con las restricciones actuales para evitar la propagación de la Covid-19. Entendemos y estamos de acuerdo en declarar la educación como servicio necesario, pero NO sin dotar a este servicio de las condiciones necesarias para mantener la seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras (así como del alumnado que asiste a clase).